Gobierno aprueba decreto con 1.825 M€, recorte de carburantes y impulso a renovables
El Gobierno ha aprobado un segundo real decreto-ley dentro del Plan Integral de Respuesta a la crisis en Oriente Medio que plantea medidas temporales de apoyo a hogares y empresas y acciones de carácter estructural para acelerar la transición energética. Las disposiciones entran en vigor con una duración inicial de tres meses y se articulan en dos bloques: medidas coyunturales para mitigar el impacto inmediato y reformas de largo plazo destinadas a fortalecer la soberanía energética y la implantación de renovables.
1.825 millones de euros es la cuantía consignada para este año en el nuevo paquete, complementada por una previsión de ahorro fiscal de 2.700 millones en 2027 y 2028 derivada de la reducción gradual del impuesto sobre la producción de energía eléctrica (IVPEE). Para 2026 se introducen reducciones adicionales de la base imponible en varios trimestres, y el gravamen pasará del 7% actual al 5% en 2026, al 3,5% en 2027 y quedará suprimido en 2028, lo que comporta un impacto fiscal estimado en 315 millones este año.
En el plano de los carburantes, la medida coyuntural principal modifica la bonificación del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos: reducción a 15 céntimos en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre, con una cláusula que reinstauraría la rebaja de 20 céntimos por litro si la inflación interanual de los carburantes supera el 15%. Para transportistas profesionales, agricultores y pescadores se mantiene el descuento equivalente a 20 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre; el alivio en hidrocarburos supone un ahorro fiscal aproximado de 939 millones de euros.
El paquete incluye ayudas específicas para el sector agrario y pesquero por 230 millones este tramo, que se suman a las ya aprobadas en marzo, elevando el soporte total a 1.107 millones. Entre las partidas figura la prórroga hasta el 30 de septiembre de la subvención al gasóleo agrícola y pesquero (20 céntimos/litro, con un coste presupuestario de 65 millones) y la ampliación de la ayuda directa para fertilizantes, que se incrementa en 165 millones hasta alcanzar 665 millones en total; las cuantías por hectárea quedan en 38,33 euros para cultivos de secano y 92,50 euros para regadío.
También se extienden hasta el 30 de septiembre las compensaciones extraordinarias para empresas de transporte por carretera, tanto para aquellas que disfrutan de devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos como para otras (autónomos, sociedades con licencias o titulares de autobuses urbanos), gestionadas por la Agencia Tributaria.
Se incorpora un mecanismo de salvaguarda ante subidas pronunciadas de precios energéticos: si la electricidad o el gas experimentan un encarecimiento superior al 15% se reactivarían medidas anteriores, entre ellas la reducción del IVA aplicable a electricidad, gas natural, pellets y leña del 21% al 10% y la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,1% al 0,5%.
El texto refuerza las facultades de supervisión del mercado de carburantes atribuidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El regulador podrá exigir información a operadores mayoristas y minoristas, recibir semanalmente datos de las refinerías sobre costes y precios, e incluir datos individuales en sus informes si detecta irregularidades, además de tramitar los procedimientos sancionadores correspondientes.
Respecto al escudo social, se mantienen las medidas ya aprobadas para 2026: descuentos del bono social eléctrico, elevación del bono social térmico mínimo y la prohibición de cortes de suministros básicos a hogares vulnerables, así como condiciones de respaldo a las empresas beneficiarias de ayudas (obligación de planes de movilidad sostenible y limitación de despidos vinculados al conflicto).
En el apartado de transición energética, el decreto incorpora medidas para acelerar la implantación de renovables y biogás con criterios de retorno territorial y menor impacto ambiental. Se encarga al Organismo Nacional de Normalización (UNE) la elaboración de normas que identifiquen proyectos con sello de excelencia social, territorial y ambiental, que gozarán de tramitación preferente. Asimismo se impulsa la repotenciación de líneas eléctricas existentes, se facilita la incorporación de baterías en territorios no peninsulares y se simplifican procedimientos administrativos para agilizar conexiones y despliegues.
