IU critica reapertura precipitada de la playa de La Colada tras nuevo cierre por contaminación
La reapertura y el posterior cierre de la playa de La Colada, motivado por altos niveles de contaminación detectados en nuevos análisis, ha sido objeto de duras críticas por parte de la formación de izquierdas en Córdoba. Según su portavoz provincial, la autorización para permitir de nuevo el baño se tomó de forma precipitada y sin garantías suficientes sobre la estabilidad de la calidad del agua. La playa volvió a cerrarse pocos días después de haber sido reabierta, tras registrarse parámetros contaminantes preocupantes.
Para la organización, esta sucesión de decisiones refleja una gestión improvisada que genera incertidumbre y puede poner en riesgo la salud pública. Su coordinador provincial, Sebastián Pérez, sostuvo que ya habían alertado previamente de que las condiciones no eran las adecuadas y que las mejoras puntuales en las pruebas no deben servir de base para autorizar la afluencia de bañistas. Lo prudente, dijeron, habría sido exigir varios resultados consecutivos favorables antes de levantar las restricciones.
También censuraron la respuesta del Partido Popular, que, según IU, optó por desacreditar las advertencias en lugar de reconocer el problema. En su opinión, la contaminación persiste porque no se afrontan las inversiones necesarias para atajar sus causas, y la aparente normalidad transmitida por la administración ha quedado desmentida por los hechos.
Desde la bancada de Por Andalucía, la parlamentaria Rosa María Rodríguez reclamó medidas estructurales para el norte de la provincia y urgió a la Junta a dejar atrás los parches puntuales. Más de 80.000 vecinas y vecinos, dijo, esperan una solución definitiva que pase por una potabilizadora moderna y la mejora de las depuradoras. Sin esas actuaciones, añadió, no se podrá garantizar un suministro y unas zonas de baño seguros.
La formación insiste en que seguirá reclamando actuaciones que ataquen el origen de la contaminación y en que no se priorice la imagen pública por encima de la inversión en infraestructuras hidráulicas necesarias para proteger la salud de la población.
