ASAJA Córdoba: trigo duro a 250 €/t no cubre costes; necesidad >3.800/4.400 kg/ha
ASAJA Córdoba alerta de una situación crítica para el cultivo del trigo duro: los ingresos por tonelada no cubren los crecientes gastos y, como resultado, muchas explotaciones han cerrado la última campaña en pérdidas. El diagnóstico se apoya en un análisis de datos reales de la provincia entre 2019/20 y 2025/26 que pone de relieve un desfase estructural entre precios y costes.
Con la cotización actual en la Lonja de Córdoba alrededor de 250 euros por tonelada, los cálculos económicos muestran que la producción debe ser muy elevada solo para alcanzar el punto de equilibrio: 3.800 kg/ha en secano y 4.400 kg/ha en regadío. En numerosas comarcas cerealistas los rendimientos 2025/26 han quedado por debajo de esos umbrales, lo que explica las pérdidas generalizadas.
Los costes de producción se han disparado en los últimos años. En secano han pasado de 481 €/ha en 2019/20 a 952 €/ha en 2025/26 (+98 %), y en regadío de 640 a 1.062 €/ha (+66 %). Estas cifras no incorporan otros gastos relevantes como seguros, impuestos o el coste de la tierra, que todavía aumentan la carga financiera sobre el agricultor. Entre los componentes que más han encarecido figuran los fertilizantes, que ya suponen cerca del 30 % del coste total del cultivo.
El precio relativo del fertilizante frente al cereal evidencia la presión económica: la ratio euros/tonelada de urea frente al trigo ha pasado de 1,1 en 2020 a 2,6 en la actualidad, lo que equivale a necesitar alrededor de 800 kg de trigo de la cosecha para sufragar el coste del fertilizante. Otros gastos también se han incrementado notablemente: los tratamientos fitosanitarios en secano subieron de 63 a 192 €/ha (+205 %) y la siembra se encareció por la escasez de semilla certificada en campañas recientes. En regadío pesan además las tarifas de las comunidades de regantes, la energía y el mantenimiento de infraestructuras hidráulicas, sin que el precio del cereal compense esas erogaciones.
La organización atribuye parte del problema a decisiones regulatorias europeas, señalando que instrumentos como el mecanismo de ajuste en frontera del carbono (CBAM) pueden encarecer aún más los fertilizantes importados. La clausula de salvaguarda anunciada por la Comisión, que condiciona la exención de tasas a subidas superiores al 50 % respecto a la media de la última década, se considera insuficiente y tardía para evitar el abandono de cultivos.
Las consecuencias previstas son reducción de las superficies de cereal y abandono de explotaciones, menor producción nacional, mayor dependencia de importaciones y riesgo de incremento de precios alimentarios, con impacto negativo sobre la soberanía alimentaria y la continuidad generacional en el campo.
Ante ello, ASAJA Córdoba reclama actuaciones inmediatas de las administraciones: rebajar costes regulados soportados por las explotaciones, mejorar los seguros agrarios, revisar al alza los precios de intervención y promover una política comercial comunitaria que proteja a los productores europeos frente a importaciones procedentes de países con menores exigencias ambientales, laborales y sanitarias. La organización subraya que garantizar el abastecimiento pasa por asegurar la viabilidad económica de quienes producen.
