Andalucía moviliza suelo para 3.678 viviendas (2.964 protegidas) y oferta 735 inmuebles
La Administración regional ha puesto en marcha un programa para sacar al mercado suelo y edificios de titularidad pública con el fin de ampliar la oferta de vivienda y dinamizar proyectos empresariales en Andalucía. En total se ofertarán 735 bienes inmuebles por un valor mínimo conjunto de 124,3 millones de euros y se han identificado 327 parcelas residenciales con capacidad para 3.678 viviendas, repartidas por las ocho provincias.
AVRA moviliza suelo para 3.678 viviendas, de las cuales 2.964 serán protegidas y 714 serán libres. Asimismo, se prevé la salida a la venta de 735 inmuebles valorados en al menos 124,3 millones de euros. Cádiz concentra la mayor capacidad, con posibilidad de promover 1.102 viviendas.
El espacio susceptible de edificar suma cerca de 375.000 metros cuadrados. La distribución provincial sitúa a Huelva en segundo lugar (692 viviendas), seguida de Granada (624), Sevilla (551), Jaén (237), Málaga (232), Almería (146) y Córdoba (94). La colocación de estos activos en el mercado se realizará principalmente mediante concursos y subastas, complementados con fórmulas de colaboración público-privada, entre ellas permutas de suelo para facilitar el desarrollo de nuevas promociones.
Además del suelo residencial, el plan incluye activos destinados a la actividad económica local: 226 parcelas industriales, una nave industrial, dos parcelas de uso dotacional, 43 locales comerciales, 120 garajes y 13 trasteros. La intención es que la disponibilidad de estos inmuebles favorezca la implantación de iniciativas privadas, atraiga inversiones y genere empleo en los municipios andaluces.
El programa responde a la demanda detectada en el mercado y prioriza el incremento de vivienda protegida. Se presenta como continuidad de la política seguida en 2025, ejercicio en el que las adjudicaciones públicas permitieron ya la construcción de al menos 588 viviendas (entre ellas 103 en Jerez, 397 en Granada y el resto distribuidas en Cártama, Córdoba, Málaga y Algarrobo), mostrando la capacidad del patrimonio público para contribuir a la oferta habitacional.
La gestión persigue una utilización más activa de los recursos públicos para facilitar promociones residenciales y potenciar la actividad económica vinculada al desarrollo urbano.
